El cheque de la impunidad: Burgueño y el financiamiento al “levantón” espiritual

• ¿Desde cuándo los impuestos de los tijuanenses sirven para financiar organizaciones que operan al margen de la ley sanitaria y los derechos humanos?

En un acto que raya entre la negligencia administrativa y la complicidad política, la administración de Ismael Burgueño en Tijuana ha decidido abrir la billetera pública para entregar 7.2 millones de pesos a una asociación civil cuya metodología de “rehabilitación” parece más extraída de un manual de secuestro que de un protocolo de salud pública. Nos referimos a Jireh Centro de Rehabilitación “El Señor Proveerá”, el hogar de la mediática y violenta “Patrulla Espiritual”.

La fotografía que circula en redes con “El Chikilin” y la “Madrina Sandra” recibiendo un cheque a manos del alcalde es un insulto a la inteligencia del ciudadano: funcionarios sonrientes sosteniendo un cheque gigante mientras validan, con dinero de nuestros bolsillos, una práctica que la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) no termina de certificar y que diversas organizaciones de derechos humanos han observado con horror. ¿Qué mensaje está enviando Burgueño? ¿Que en Tijuana la ley se dobla ante el espectáculo de TikTok y el fervor religioso mal entendido?

El problema no es la intención de rehabilitar, sino la forma. Los “levantones” realizados por la Patrulla Espiritual, bajo el grito de “te vas a ir a la clínica”, carecen de toda base legal. No hay una orden judicial ni protocolo médico de ingreso voluntario. Lo que sí hay, y de sobra, es opulencia: mientras el discurso es de “caridad”, apenas hace una semana Sandra, la responsable de la patrulla femenil, estrenó una camioneta Cadillac de lujo. ¿De dónde salen los recursos para tales excesos mientras se pide dinero público para “ayudar” al prójimo?

Pero el fondo es aún más turbio. En los pasillos del Ayuntamiento se sabe que esta entrega de recursos no es casualidad. Los señalamientos apuntan a una red de “expertos” en la obtención de dinero público a través de asociaciones civiles, encabezada por funcionarios de la talla de Arnulfo Guerrero en complicidad con Jorge Ramos. Esta vieja escuela de triangulación de fondos parece haber encontrado en Jireh la fachada perfecta para operar bajo el cobijo de la “causa social”.

Peor aún, existen graves señalamientos que vinculan las operaciones de la Patrulla Espiritual con esquemas de lavado de dinero. Financiar con 7.2 millones de pesos a una A.C. sin certificaciones sanitarias, con métodos de captación forzados y con liderazgos que ostentan lujos inexplicables, es un acto de una irresponsabilidad criminal.

¿Dónde están los filtros de la Secretaría de Bienestar Municipal? Es alarmante que el gobierno prefiera la vía rápida de subcontratar la salud mental a grupos con métodos dudosos antes que fortalecer las instituciones públicas. Si mañana ocurre una tragedia dentro de esas instalaciones, la sangre y la responsabilidad legal mancharán directamente el escritorio del Alcalde.

Tijuana no necesita patrullas de fe que operan en la sombra de la legalidad; necesita un gobierno que respete el Estado de Derecho. El cheque millonario no es un apoyo a la rehabilitación; es el financiamiento de un sistema que hoy, gracias a Burgueño y sus operadores, tiene sello oficial de aprobación. Es tiempo de exigir cuentas antes de que el “Señor Provea” más atropellos con el aval de nuestros impuestos.